26.8.09

Ley de medios (del N° 32)

El proyecto oficial preserva el poder monopólico
Escribe: Oscar Ainsuain
En el año 1933, en Argentina se sancionó el Decreto 21.004 que le permitió al Estado nacional regular por primera vez la radiodifusión. El decreto contenía una serie de artículos orientados a controlar el funcionamiento radial y el contenido de los mensajes. Esta medida, junto a una serie de normas dictadas por la Dirección General de Correos y Telégrafos, le posibilitó al gobierno de Justo tener un férreo control de la información.
De esta manera las clases dominantes lograban evitar que se generara información sobre el saqueo del país, llevado a cabo por la oligarquía y los imperialismos, fundamentalmente el inglés.
Para romper el cerco informativo se desarrollaron distintas experiencias como los radioteatros, las publicaciones opositoras de anarquistas y comunistas o los cuadernos de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), donde se destacaron los trabajos de Scalabrini Ortiz y Jauretche.
Recién en 1953, durante el segundo gobierno de Perón, se dictaba la Ley 14.241 de radiodifusión. La norma otorgaba al Estado nacional la potestad de crear tres redes nacionales –A, B y C– para enlazar todo el territorio.
Estas redes fueron adjudicadas por concurso público a “Empresa Editorial Haynes”, “Asociación Promotores de Telerradiodifusión SA” y “La Razón Editorial, Emisora, Financiera y Comercial”.
Luego del golpe de 1955 la dictadura eliminó la norma peronista, y dos años después dictó el decreto 15.460 que privatizó el servicio de “Telerradiodifusión”. A partir de entonces se suprimió el régimen de “redes” dando paso al sistema de “licencias individuales”.
En 1972, mediante el Decreto Ley 19.798 (Ley de Telecomunicaciones), la dictadura de Lanusse, a pesar de invocar la intervención del Estado, reconocía la propiedad privada de los licenciatarios.
Finalmente, en setiembre de 1980, fue dictada la Ley de Radiodifusión 22.285. La misma ratificaba la privatización de los grandes medios de comunicación y establecía las bases para el fenomenal proceso de concentración que se observa en la actualidad.
De esta manera, desde 1957 hasta el presente, el Estado se transformó en garante de los grupos económicos que se apoderaron de los medios de información que cada vez tuvieron más peso en la política nacional, fundamentalmente a partir de la difusión masiva de la televisión.
Por lo expuesto, toda iniciativa que conlleve una discusión para imponer una nueva Ley de Radiodifusión, sin dudas será bien recibida por los sectores populares.
Pero lamentablemente el “Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” del gobierno nacional, no pareciera ser una herramienta destinada a acabar con la concentración y garantizar la democratización de la información, ya que sus 148 artículos dejan más dudas que certezas sobre el supuesto progresismo de la norma.
Por un lado el proyecto establece un nuevo esquema donde el Estado, los sectores comerciales privados y los sectores sociales controlarán por partes iguales las licencias. De esta manera “El Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tendrán aseguradas frecuencias”.
A la vez en el proyecto de Ley se “garantiza el derecho humano universal” de acceder a la información y se asegura, a partir del “desarrollo tecnológico”, “la pluralidad y diversidad de voces”, derechos no contemplados en la Ley 22.285 de la dictadura.
No obstante, en temas claves como la concentración de medios, la extranjerización, el federalismo y la participación de los trabajadores, se observan escasos avances.

No acaba con la concentración

En el artículo 38 se habla de un máximo por empresa de 10 licencias para “servicios abiertos” y hasta 24 para la “explotación de servicios de radiodifusión por suscripción” y en el artículo 146, donde teóricamente se debería derogar el andamiaje de leyes y decretos que llevaron a la concentración, no se hace mención al Decreto 127 de Kirchner, de 2005, que prorrogó por 10 años las licencias.
Esto significa que de sancionarse, la nueva ley recién entrará en vigencia en el año 2015. Los monopolios como Clarín, Telefónica y Grupo Uno, que concentran cerca de 200 medios de comunicación, dispondrán de seis años para subdividir sus sociedades. En relación a este tema, se podría afirmar que el proyecto de ley asegura la continuidad del actual esquema concentrado.

No frena la extranjerización

Si bien el artículo 24 autoriza la participación del capital extranjero hasta “un máximo del treinta por ciento”, también determina que “la participación mayor de capital de origen extranjero se permitirá a condición de que existan Tratados Internacionales en los que la Nación sea parte, en los cuales se establezca reciprocidad con el país de origen del capital o de las personas físicas o jurídicas que aporten dicho capital con respecto a los capitales o personas físicas o jurídicas argentinas para prestar servicios de radiodifusión en condiciones iguales a las establecidas en esta ley”. Está claro que este artículo le viene como anillo al dedo a los poderosos grupos locales como Clarín, ya que por un lado no se fijan claros mecanismos para controlar el origen nacional o extranjero de una empresa, y por el otro, se estimula a los multimedios nacionales a asociarse con grupos extranjeros.

No es una ley federal

A pesar de que las provincias y municipios podrán tener licencias, no participarán de la distribución de las mismas, ni de los controles. En el artículo 10 se ordena la creación en “el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional” de la “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación”, como Autoridad de Aplicación de la ley. Además en el artículo 11 se establece como sede del organismo a la ciudad de Buenos Aires. Al dejar de lado al Poder Legislativo y a las provincias –habrá delegaciones- y no garantizar el pluralismo, el kirchnerismo se asegura el control de la distribución de las licencias, dejando a las provincias y a los municipios relegadas al papel de simples espectadores.
Y en el tema de los controles, el artículo 15, que obliga a la Autoridad Federal a brindar una vez al año a la “Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual” un informe sobre “el estado de cumplimiento de la ley…”, suena más a garantía de impunidad empresarial que a control de la actividad. Además, al no contemplarse la participación de los trabajadores, se facilita todo tipo de maniobras de las empresas. Está claro que para el kirchnerismo el federalismo y la participación de los trabajadores no cuentan.

No se democratiza la publicidad
y los trabajadores son ignorados

El artículo 4 establece que la “responsabilidad editorial corresponde a un prestador de servicio”, es decir a los empresarios. Los trabajadores no son tenidos en cuenta para participar de la discusión de los contenidos de la información ni de los organismos de control como se demostró previamente. Si bien pueden demandar información pública, el proyecto de ley no contempla la posibilidad de acceder a información privada de necesidad pública (clubes de fútbol, medios de comunicación, etc.). Tampoco impulsa la democratización de la publicidad oficial (nacional, provincial y municipal) y mucho menos la privada, lo que demuestra que no existe vocación de acabar con la concentración.Sin dudas el país necesita una nueva Ley de Radiodifusión, pero lamentablemente este proyecto, de aprobarse, no acabará con la concentración ni democratizará la información.

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