Por el Profesor Claudio Spiguel*
(Charla organizada por la revista La Marea el 4 de julio de 2008 en el Centro Cultural Raíces de Buenos Aires.)
A raíz de los grandes interrogantes y problemáticas que alumbra el conflicto agropecuario, vimos con los compañeros de la revista La Marea la necesidad de aportar elementos y fundamentos, desde una perspectiva histórico-social de la sociedad argentina, para esclarecer el trasfondo de este conflicto; estudiarlo en el seno de la sociedad argentina, y ubicando al agro en el conjunto del proceso económico y social nacional.
En las grandes ciudades, y sobre todo en la “gran ciudad” de Buenos Aires, necesitamos muchos fundamentos para comprender en su complejidad, en todas sus dimensiones, los elementos surgidos con este conflicto. Y además, para poder tomar posición con fundamento, porque la situación de la Argentina, la agudización de la política del gobierno y el desarrollo del conflicto nos interpela a todos, en el campo y la ciudad. En relación a lo objetivo de la problemática, y también en relación al gran confusionismo existente en los medios de comunicación masivos, monopolizados, en manos tanto del oficialismo como de sectores opositores, existen múltiples dimensiones que no aparecen, y que sólo aparecen cuando los protagonistas fundamentales de esta protesta los sacan a luz, o cuando “los políticos” se pelean y entonces surgen dimensiones que el propio conflicto pone sobre la mesa y que no estaban en el punto de partida, o que estaban silenciados, al menos en los niveles dominantes de la sociedad argentina y en la “escena pública” antes del 10 de marzo.
Por eso era imprescindible, para todos los amigos que convoca la revista La Marea —trabajadores de la ciencia y de la cultura, educadores, compañeros de la Escuela de Psicología Social, etc.— ir más a fondo, y esto podrá dar origen a otras charlas donde intervengan no sólo historiadores como yo, sino especialistas en economía agropecuaria y protagonistas de la lucha agraria.
¿Cuál es la naturaleza fundamental de esta lucha agropecuaria? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Y ¿cuál es la naturaleza fundamental de la política del gobierno? ¿Qué intereses económico-sociales expresa? ¿Por qué? Y en consecuencia ¿cuál es la naturaleza del conflicto? Para eso debemos ubicarnos en la Argentina contemporánea que —considerada históricamente— no es la Argentina del inmediato presente: es la Argentina que se configuró desde fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Y es preciso caracterizar conceptualmente nuestra sociedad y la estructura económica que le sirve de base.
La nuestra, en primer lugar, es una economía dependiente. El otro elemento fundamental es la gran propiedad de la tierra, el latifundio.
Cuando hablo de dependencia me refiero a una viga estructural que rige todo el desarrollo (o subdesarrollo) económico del país, que son no sólo los condicionamientos externos a la economía nacional —en un mundo dividido en un pequeño puñado de grandes potencias altamente desarrolladas, y la gran mayoría de la humanidad en naciones y pueblos oprimidos, expoliados, saqueados—, sino en particular un aspecto estructural que constituye un factor interno: la presencia directa de monopolios (del capital financiero extranjero, del capital monopolista), que en última instancia tienen una base nacional en las grandes potencias imperialistas —en el sentido contemporáneo de la palabra—, y que operan dominando la economía, el mercado, la sociedad, e importantes cuotas del poder estatal.
Pero como el nuestro no es un país colonial, sino una sociedad que luchó por su independencia de España y se configuró con un Estado propio, esa dominación se ejerce no sólo con la presencia directa de los monopolios imperialistas (con relación al agro por ejemplo, Cargill, Bunge, Nidera, Noble, Dreyfus, Monsanto, porque hay monopolios compradores, monopolios proveedores, etc., además del capital extranjero presente en los fondos fiduciarios de los grandes pools de siembra), sino que al ejercerse en una sociedad con un Estado propio, esa dominación opera sobre la base de la subordinación de las clases dominantes locales y su conversión en apéndice. Y esta asociación subordinada de las clases dominantes locales es lo que caracteriza a una economía y una sociedad dependientes. La dependencia es un factor interno que se generó históricamente, sobre la base de la asociación y subordinación de quien era la clase dominante tradicional de la Argentina: los grandes terratenientes criollos, que dominaron el poder después de la lucha popular anticolonial, antiespañola.
Sobre la base del desarrollo capitalista, y de la penetración del capital extranjero desde fines del siglo XIX en asociación con esos grandes terratenientes que pasan a ser apéndices de esos capitales —porque las grandes potencias les garantizan los grandes mercados compradores en los que realizan sus rentas, que provienen del monopolio de la tierra—, se desarrolló, junto con la clase obrera y con distintas capas de la burguesía, un pequeño puñado de grandes empresarios cuya forma de acumulación y su operatoria los convierte también en apéndices o instrumentos subordinados a esos capitales extranjeros: es la gran burguesía intermediaria, con diversos orígenes según las épocas, muchos de cuyos integrantes provienen de la clase terrateniente, o compran tierras y se convierten en terratenientes.
Se configuró así el bloque de las clases dominantes de la Argentina moderna. Ya no estamos en 1850, con los grandes terratenientes criollos de origen colonial y los grandes comerciantes del puerto. Estamos en una sociedad crecientemente capitalista, donde las relaciones salariales se expanden. El bloque de clases dominantes se complejiza, porque aparecen diversos monopolios imperialistas, diversos capitales financieros de las grandes potencias —nunca sólo los ingleses, aunque en ese entonces eran los predominantes, sino que desde muy temprano estuvieron los belgas, los franceses, los alemanes, después vinieron los norteamericanos—, más los grandes terratenientes, y ese pequeño puñado de grandes capitalistas subordinados a capitales extranjeros, relativamente fusionados con aquellos (invertían en tierras, se convertían en terratenientes o surgían de ellos).
La Argentina era —y es— un país disputado: no hay una dependencia unilateral (esto último se expresa con mayor fuerza en una colonia, donde el Estado metropolitano es el dueño del Estado colonial), sino que ha habido múltiples capitales extranjeros y múltiples potencias imperialistas que intervinieron y asociaron a diversos sectores de las clases dominantes locales. Estos factores —económicos, sociales y políticos— son lo que genera la dependencia. La economía nacional paga un tributo, constante —como un vampiro pero que tiene una bomba de succión interna, no sólo desde afuera— al capital imperialista que surge de las grandes potencias y se exporta hacia aquí. Y eso, sumado a la perpetuación del latifundio —que era una gran fuerza precisamente porque es la principal fracción de las clases dominantes, en la que se apoya la penetración imperialista— determina un desarrollo capitalista deformado, unilateral, trabado por esos dos factores fundamentales: la dominación del capital extranjero y la perpetuación y recreación del latifundio terrateniente.
Esto se manifiesta en múltiples terrenos: que vendemos barato, que compramos caro, que tomamos prestado y cuanto más tomamos más debemos, que los países desarrollados tienen el monopolio de las grandes tecnologías y aquí no podemos desarrollar la ciencia y la técnica. Y en términos económicos se manifiesta en múltiples relaciones de dependencia. ¿Qué quiere decir que la economía paga un tributo? Que la mayor parte del plustrabajo argentino, de las riquezas que producen los hombres con su trabajo —sea la plusvalía obrera, sea el plustrabajo campesino—, y parte de los ingresos de los sectores medios —esquilmados por los servicios públicos, por las múltiples modalidades en las que opera el capital financiero extranjero—, e incluso parte de las ganancias de sectores capitalistas locales, no se convierten en ganancias de una burguesía capitalista argentina que reinvierte en su mercado, que es dueña de su Estado como lo fueron las burguesías capitalistas de los países desarrollados, sino que la mayor parte de esas riquezas se convierte en superbeneficios monopolistas del capital extranjero y sus socios locales, y en renta de los grandes terratenientes que, precisamente porque monopolizan porciones importantes del planeta, pueden exigir esa renta, manifestada en múltiples formas (la más visible es el arriendo, cuando un tercero va a alquilar un campo; después puede ser que el terrateniente invierta como capitalista en su propio campo, de ahí tendrá que sacar la ganancia correspondiente a su inversión, más la renta que le corresponde como dueño de la tierra). Y todo esto viene del plustrabajo de los obreros rurales, de los campesinos arrendatarios, de los agregados, los aparceros, etc.
Este carácter dependiente y latifundista ha condicionado toda la historia del país, sus conflictos sociales, y su estructura social, de clases. En los últimos 30 años, estas vigas maestras de la sociedad argentina —la dependencia y el latifundio— no han hecho más que profundizarse, sobre todo desde la última Dictadura implantada en el ’76, con un nuevo salto en los años ’90. Y eso continúa y se profundiza hasta hoy, con un reforzamiento de la presencia directa de los monopolios extranjeros —en un grado muy grande de extranjerización de la economía—, incluyendo también la compra de campos por capitales extranjeros (17 millones de has es la más baja de las cifras que se manejan), con gravísimas consecuencias también para la defensa de la soberanía nacional.
Históricamente, en este país atrasado, oprimido en sus fuerzas productivas (y en las mayorías populares, que son el componente fundamental de sus fuerzas productivas), un objeto fundamental de ese tributo ha sido y es el producto agropecuario. También el desarrollo agropecuario estuvo sometido a ese doble monopolio: el del capital extranjero y el de la propiedad del suelo. Y eso constituyó porciones importantes del tributo que pagó la economía argentina a las grandes potencias imperialistas a lo largo de todo el siglo, y también hoy: a las potencias que lo compran, a los monopolios que operaron internamente aquí —en la comercialización o como proveedores, en el transporte ferroviario de los ingleses, en los fletes, en los seguros—. Todo el negocio agropecuario es una porción fundamental del botín que el capital extranjero, sobre la base de engordar la renta terrateniente, ha arrancado al país.
Toda estructura económica es un conjunto de relaciones entre los hombres, un conjunto de grupos sociales articulados y contradictorios entre sí; es decir, una estructura de clases sociales, que aquí vamos a definir muy brevemente, para ir a la estructura de clases en el campo.
Ya definimos a las clases dominantes, que en última instancia, aunque a veces perdieron el gobierno, siempre tuvieron los resortes fundamentales del poder estatal —y paraestatal, para hablar por ejemplo de los medios de comunicación—: los monopolios imperialistas, los grandes terratenientes y la burguesía intermediaria. Por eso es pertinente el plural: clases dominantes. Un bloque, con múltiples contradicciones en su seno, particularmente las vinculadas a la asociación con distintos capitales extranjeros, pero también contradicciones regionales, intersectoriales, importadores-exportadores, agrarios-industriales, etc. Múltiples, pero algunas de ellas muy fundamentales, vinculadas a que se trata de un país disputado por varios intereses y potencias imperialistas.
Y por el otro lado tenemos a las amplias mayorías populares, que son las que trabajan y producen las riquezas.
En primer lugar, en una sociedad crecientemente capitalista, como lo fue la Argentina desde principios del siglo XX en adelante, hay una clase que no existía o era muy embrionaria en 1810-1850, que es la clase obrera moderna, urbana y rural: los trabajadores asalariados, en la ciudad y también crecientemente en el campo.
Por encima de la clase obrera urbana y rural, hay en la ciudad otros sectores asalariados y un conjunto de capas medias no asalariadas, originadas en aquellos sectores que no explotaban mano de obra pero tampoco eran asalariados: cuentapropistas, comerciantes, artesanos, profesionales “liberales” (como se decía en 1910), trabajadores de la ciencia y de la técnica, una importante y creciente mayoría de intelectuales. Es decir, diversas capas de lo que llamamos pequeña burguesía urbana: lo que habitualmente se llama las “capas medias” (incluyendo a los trabajadores intelectuales, desde el maestro de grado en adelante).
En el campo vemos, por encima de los obreros rurales, una diversidad de capas del campesinado, la otra gran clase social de América Latina y de tantos países del mundo. Una clase que es anterior a los obreros, desde la época colonial-feudal; primero mayoritariamente originaria, después criolla, mestiza, y después formada por los grandes aluviones inmigratorios europeos, y ahora de los países limítrofes: del Paraguay, Bolivia, etc.
El campesinado no es un bloque monolítico: en el campo hay diversas capas o subclases. Y en la medida que se desarrolla el capitalismo pero a la vez se perpetúa el latifundio y la dominación monopolista extranjera sobre el producto agropecuario y sobre la economía nacional, el campesinado se va diferenciando en distintos sectores.
Un primer sector, muy importante, son los semiproletarios. Una parte de sus ingresos los obtienen por medio de un salario; por ejemplo los de Catamarca cuando iban a la zafra en Tucumán; pero otra parte de sus ingresos la producen en la parcela familiar —suya o de sus padres, propia o ajena, minifundio o dentro de un latifundio—; y después tienen que ir a buscar “moneda” a Tucumán. Es una vasta capa de donde se nutre la clase obrera rural, muy vinculada a sus orígenes y a sus familias campesinas.
Esta capa, a su vez, brota de otra que es el campesinado pobre, un campesinado parcelario cuyos ingresos provienen del trabajo en su propia parcela, propia o ajena. Si es propia es muy pequeña, y su principal problema es que no pueden acceder a más y mejores tierras, porque la tierra está monopolizada por los grandes latifundistas. Si es ajena, tiene que pagar una renta: tiene que ser aparcero en tierra ajena, la señora servir en el casco de la estancia, etc.: esto incluye una cantidad de figuras que aún sobreviven en algunas áreas, pero de gran importancia.
Una buena parte de estas capas sociales sufre, a la vez, otra opresión, además de la opresión económico-social como campesinos pobres o semiproletarios; muchos de ellos son miembros de pueblos o naciones oprimidas por el Estado argentino, los que hoy se llaman originarios. Comparten con los criollos —como dice la gente paisana— su común condición de clase como semiproletarios, o como obreros rurales, o como campesinos pobres que no pueden tener más y mejores tierras si las tienen, o no pueden acceder a ellas si no las tienen.
Ahora estamos asistiendo por un lado a un gran padecimiento, y por otro a una gran lucha, de los campesinos pobres originarios, con centro en el Chaco, para muchos la provincia más pobre del país, la del hambre, la indigencia, la desnutrición. Allí ha habido un gran movimiento, que culminó hace poco, aprovechando la actual protesta agropecuaria. A través de ello la Unión Campesina del Chaco —compuesta fundamentalmente por campesinos pobres q´om (tobas), aunque también hay criollos— consiguió importantes conquistas, arrancadas al gobernador Capitanich, que el año anterior les había dicho que ellos no podían cultivar algodón porque “no tenían escala”, y que en cambio debían hacer sólo algunos cultivos de supervivencia, que es lo que los planes sociales del Estado destinan al campesinado pobre: lo que algunas ONG llaman “seguridad alimentaria”, o sea que puedan comer lo que cultivan, pero no se les ocurra querer acceder al mercado, y por lo tanto no van a tener ni moneda, ni vestido, ni educación... Ellos rechazaron ese mensaje, y consiguieron semilla de algodón, plantearon la exigencia de entrega de títulos que les deben desde hace 15 años, y otras reivindicaciones.
Por encima del campesinado pobre podemos ver, en la zona núcleo de la agricultura argentina, la “pampa gringa” —donde vino una parte del aluvión inmigratorio a conseguir tierra, y la mayoría no la tuvo porque predominaban los latifundios, y se convirtieron en colonos o arrendatarios—, en esa zona una parte de los campesinos son campesinos medios (o “pequeña burguesía rural”), cuyos ingresos provienen de su trabajo y del trabajo familiar en tierra propia o arrendada, pero que en ocasiones —como se dice en el campo— necesita “una ayuda”, es decir una pequeña parte de sus ingresos se convierte en capital, se destina a pagar el salario de obreros, por ejemplo para la cosecha. Lo que predomina es el trabajo propio, familiar, pero a la vez incorporan uno o dos trabajadores asalariados. Los campesinos medios arrendatarios protagonizaron, junto a los pobres, el Grito de Alcorta, aquella rebelión agraria de 1912. Cultivaban alrededor de su rancho la tierra arrendada, y para las cosechas contrataban obreros —al principio obreros “golondrinas” de Europa—, “enganchados” en empresas cosechadoras, que hacían la cosecha. El resto del año, con su trabajo familiar, cultivaban su parcela. Estos sí, aspiran y acceden al mercado. Su principal contradicción, igual que en los campesinos pobres, es el problema de la tierra; porque, o no tenían tierras y se convirtieron en arrendatarios o, si tienen, no pueden comprar más. Este es un problema de gran actualidad, porque cuanto mejores son los precios, más sube el precio de la tierra…
El campesinado pobre tiene sus propias reivindicaciones, en términos de salud, de desarrollo rural, reivindicaciones que lo unen con los semiproletarios y los obreros rurales. El campesinado medio tiene otras, vinculadas con quién le compra, quién le provee la semilla, el monto de la renta de la tierra, etc.
Por encima del campesinado medio están los campesinos ricos. Lo de pobre, medio y rico no tiene que ver con el monto de sus ingresos —aunque después deriva en eso—, sino con las relaciones de producción que los articulan con el resto de las clases. El pobre es el que nunca contrata mano de obra asalariada. El medio, sólo ocasionalmente. Y el rico —o pequeño capitalista rural—, participa personalmente en el trabajo productivo (él, sus hijos, ponen el traste en el tractor) pero lo principal de sus ingresos proviene de la contratación permanente de trabajo asalariado. Aunque tiene una contradicción con el latifundio, su contradicción mayor tiene que ver con los compradores, los proveedores, la usura en el crédito, etc.
Clase obrera, pequeña burguesía urbana, campesinos semiproletarios, pobres y medios: hemos definido, entonces, a las grandes mayorías populares, de la ciudad y del campo: el 80% de la población.
Hay, además, un sector intermedio entre el bloque dominante y las clases populares (el pueblo): lo que habitualmente se llama burguesía nacional. Son sectores intermedios: no son dueños ni del mercado ni del Estado; son débiles histórica y estructuralmente, aunque en muchas ocasiones fueron importantes desde el punto de vista de su influencia política e ideológica, porque sus reivindicaciones se plasmaron en los programas reformistas de los dos grandes movimientos de base popular del siglo XX —con gran influencia en las capas medias y en la clase obrera—, el yrigoyenismo dentro del partido Radical en la etapa más agroexportadora, y el peronismo en la etapa más industrial, con un programa industrialista que buscaba privilegiar a ese capital nacional, pequeño, mediano o grande.
Un sector intermedio, éste, que tiene una condición y una conducta dual: por un lado explota a la clase obrera, y por el otro se ve restringido o condicionado por la dominación monopolista-imperialista y por el monopolio terrateniente sobre la tierra. Una burguesía nacional agraria, industrial, comercial, etc. que está “en el medio”, entre los dos fuegos…
Yendo entonces a la estructura agraria, y sobre todo a las políticas y la lucha agraria, para hablar de esa zona que ha sido el centro más popular de la protesta agropecuaria de los últimos cuatro meses —Entre Ríos, Santa Fe, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires—, esa zona emerge en esa época del “modelo agroexportador”: la llamada “pampa gringa”. Allí, los miles y miles de colonos y arrendatarios, pobres y medios en su mayoría, estaban atados por “tres sogas”.
1) La imposibilidad de acceder a la tierra. La inmensa mayoría de esos productores pobres o medios eran arrendatarios en tierra ajena: pagaban un 30% de arriendo, a veces en especie, a veces en moneda, según las condiciones: aparceros, medieros, arrendatarios, colonos, según las épocas también. Y con contratos “leoninos”, no sólo por el peso del arriendo en sus ingresos, y el hecho de que no podían estabilizarse en el propio campo ni en su casa (si tenía una ganancia no podía invertir en mejoras en el campo o en su casa, debía hacer un rinde rápido porque era expulsado), sino además porque muchos de los contratos tenían limitaciones a su condición de arrendatario, como en Alcorta donde, por ejemplo, no podían tener más de cuatro chanchos; tenían que embolsar el cereal en las bolsas provistas por el terrateniente; es decir, tenían limitaciones en la “libertad de contrato” —en la libertad capitalista de usar lo que se alquila—, debido al enorme peso de la clase terrateniente.
2) La cadena de acopiadores, intermediarios, que terminaba en las grandes “casas alemanas”, como se las llamaba a principios del siglo XX: la Bunge & Born belga-alemana, la Dreyfus francesa, las alemanas Weil y Huni & Wormser. Grandes “casas” cerealeras, oligopolios internacionales que manejaban el negocio del cereal. A través de esta cadena de intermediarios, y del embudo que terminaba en esas “casas”, “arrastraban” una parte del valor creado por los arrendatarios y por los obreros rurales que levantaban la cosecha.
Otro problema en la intermediación comercial era el flete: las tarifas del ferrocarril. Era el principal medio de transporte, y estaba en manos de trusts ingleses. A través de la tarifa se arrastraba otra parte de esas riquezas.
3) La usura. En la agricultura se necesita crédito para comprar la semilla, etc. Aquí el crédito formal, de los bancos, del Banco de la Nación, lo tenían los terratenientes, y estaba ligado a la ganadería. Los pequeños agricultores caían en manos de los usureros: el almacén de ramos generales, el adelanto de la semilla, el fiado, etc.
Esa triple soga los ataba en su desarrollo. Por eso se rebelaron en Alcorta, y fundaron la Federación Agraria, que comenzó con el lema de “La tierra para el que la trabaja”, cuestionando no sólo la usura y los monopolios comercializadores, sino la gran propiedad de la tierra.
Allí se desarrolló, a su vez, la clase obrera rural, y sus organizaciones sindicales, dirigidas primero por los anarquistas, etc., entre los que ya no eran “golondrinas” sino que se quedaban. Muchos de los militantes sindicales de la película “La Patagonia rebelde” venían de trabajar en las cosechas en la provincia de Buenos Aires, después iban a la Patagonia.
Tras esa lucha de la Patagonia, después de la primera Guerra Mundial, y sobre la base de una confluencia con el movimiento obrero, con una marcha a Buenos Aires (en los años ’20-’21) los agricultores lograron arrancar al gobierno de Yrigoyen —proclive a las reformas precisamente porque no estaba manejado, como otros sectores del partido Radical y como el partido Conservador, por los intereses dominantes en la economía y en el Estado— una Ley de Arrendamientos, la primera, que estabilizaba al agricultor a cuatro años (en Francia pueden ser 9 años). Fue una gran conquista, sobre la base de una lucha muy grande, condicionada por ese auge de masas que tuvo su expresión máxima en la llamada “Semana Trágica”, ese gran “Porteñazo” de la semana de enero de 1919. Es una etapa, donde se vieron en acción estas clases.
En la década del ’20 vino un nuevo auge exportador, la “época de oro”, la de Alvear, que iba con galera, cuya mujer era cantante de ópera, cuando se inauguró la elegante Costanera Sur… El predominio de la corriente conservadora del partido Radical, el “ideal” de la oligarquía terrateniente: había sufragio universal, pero “acumulábamos”. Es el “canto del cisne” de la Argentina agroexportadora que daba altas rentas, la Argentina-granja de la Inglaterra industrial (luego estarían también los Estados Unidos, etc.).
Allí, en un escenario controlado por los grandes jugadores —las casas cerealeras, el monopolio del transporte y la clase terrateniente— prosperó y se capitalizó un sector de campesinos, adquiriendo creciente influencia en la dirección de la Federación Agraria, con Esteban Piacenza. Originada en los pobres y medios, en un desarrollo histórico va a agrupar —según las regiones y los momentos— a campesinos medios y pequeños capitalistas rurales. Pero sólo sobre la base de los altos precios internacionales y de la demanda de las grandes potencias esa gente podía hacer una ganancia. Obtenida la Ley, el campesino medio pudo quedarse en el campo y enviar al hijo a estudiar para que fuera “m’hijo el dotor”. Pero sólo con esos altos precios internacionales podían hacer esto, pagando a la vez el tributo a los monopolios compradores, pagando el tributo a la renta del suelo, pagando la usura. Esto es, precisamente, lo que puede asociarse con el período que hoy está terminando, del 2003 a hoy.
Pero cuando se produjo la crisis mundial, y nacional, eso se “angostó” y vino el golpe del ’30. el retorno directo de la oligarquía al gobierno —con sus distintas corrientes: proalemana, proinglesa, profrancesa—, apoyada en las bayonetas. La dictadura de Uriburu derogó la Ley de Arrendamientos de Yrigoyen, provocando la contracción de esa pampa gringa y la expulsión de miles y miles de pobladores (como muestra, por ejemplo, la película “Gatica”); no sólo arrendatarios medios y pobres, sino gente de los pueblos que habían crecido a impulso justamente de los que “gastan” en los pueblos, que eran ellos. Durante esos años se producen las grandes migraciones internas, del campo a la ciudad. Las primeras no fueron de la zona extrapampeana, eso sería después, y vinculadas además al desarrollo industrial. Las primeras migraciones fueron de la pampa gringa, de toda la zona del Litoral, expandida antes y que se contrajo con la crisis.
Esa economía achicada y que pagaba el tributo al imperialismo y a los terratenientes, se volcó a la carne. Los terratenientes ganaderos y su cúpula de invernadores, y los frigoríficos, fueron “el poder detrás del trono” en la década del ’30. Sólo con la 2ª Guerra Mundial, cuando la Argentina le vendía a crédito la carne a Inglaterra, con el crecimiento de las corrientes nacionalistas y el golpe del ’43, habría decretos que congelaban los arriendos a esos agricultores “achicados”.
Y eso desemboca en el primer período del gobierno peronista, con sus reformas nacionalistas e industrialistas. Y allí hay que subrayar varias cosas.
En primer lugar un elemento que fue mencionado en la polémica sobre las retenciones, que fue el parcial monopolio nacionalizado del comercio exterior, particularmente de los cereales y las oleaginosas, a través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) —algo que también hacían en aquella época las grandes potencias: comités estatales que, durante la guerra y después, negociaban a nivel internacional las compras y las ventas—. El gobierno argentino nacionalizó una parte del comercio exterior: una parte, porque ya en el ’47-’48 los frigoríficos pudieron vender por su cuenta (esto fue un “precio” pagado por los límites de la política gubernamental en su conciliación con un sector del capital extranjero y con los ganaderos). Pero la otra operatoria, la de las cosechas, se mantuvo. Y esto, además de ser utilizado por el gobierno argentino para negociar a nivel internacional mejores precios para los embarques, eliminó o subordinó a esa cadena de intermediarios que desembocaba en las “casas” de los grandes oligopolios exportadores, que fueron los principales afectados por la operatoria del IAPI. Por eso, si hubo una corporación enemiga del peronismo fue Bunge y Born. Porque una parte de lo que antes se transformaba en superbeneficios monopolistas de las exportadoras, ahora iba al Estado a través del IAPI.
Al mismo tiempo, en tiempos de la inmediata posguerra —años ’46 a 48—, cuando rigieron buenos precios en el mercado mundial porque Europa estaba destruida, la Argentina vendía trigo, Evita viajó a Europa, etc... El IAPI operaba vendiendo afuera y defendiendo en el mercado internacional un precio en divisas, y pagando un precio único menor en el mercado interno. Se convertía en el único acopiador, y si Bunge & Born tenía más cereales, oleaginosas, aceite, le tenía que vender al IAPI. Así éste hacía una diferencia entre el precio interno y el precio internacional. De todo lo producido, primero se destinaba una parte al mercado interno —cosa que al peronismo le interesaba para mantener los alimentos baratos, lo que era un elemento muy importante en la estrategia de industrialización vinculada al mercado interno, para incrementar la ganancia de los industriales—, y el resto lo exportaba, haciendo una diferencia. Esto, en épocas de buenos precios internacionales, era un elemento similar a las retenciones establecidas por diversos gobiernos para sacar esa diferencia para el Estado.
Pero hay que tener en cuenta los otros elementos: la nacionalización parcial del comercio exterior, y la destinación al mercado interno de los alimentos por el Estado a un precio único. Esa diferencia entre el precio internacional y el interno, esa feta de ganancia extraordinaria —que el IAPI derivaba para comprar maquinarias y demás— a priori operaba de un modo igual sobre sujetos desiguales: el precio era el mismo para un terrateniente y para un campesino medio. Sin embargo, al mismo tiempo esto estuvo complementado con políticas, que ya venían de la 2ª GM y que por ejemplo cuajaron en la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales del ’48, que retomó la Ley de Yrigoyen y estableció un contrato mínimo de 5 años con opción a otros 3, a favor del arrendatario. Esto, en épocas de relativa inflación, implicaba que a mediados o fines del período el peso del arriendo sobre el productor disminuía de modo importante. Esto, por un lado generó una capacidad mayor de acumulación de los arrendatarios; por el otro generó en una parte de los terratenientes la idea de vender. Con todo esto, por una parte se produjo un proceso de “propietarización” de algunos de estos sectores, acumulación de los arrendatarios, desarrollo de los pueblos, desarrollo de las cooperativas eléctricas, etc. Pero por la otra, dados los límites con que chocó esa política —porque el monopolio de la tierra fue debilitado pero no destruido, y se mantuvo el latifundio terrateniente—, los terratenientes retiraron tierras de la oferta, desinvirtieron; y esto fue un factor de debilitamiento del gobierno peronista hasta su derrocamiento, y de estancamiento y expulsión de población del campo, vuelta a la ganadería, etc., producto de la conservación del latifundio, y de los límites de esa política reformista.
Esto es importante, porque una parte de esos que se “propietarizaron” o que acumularon, en los años ’60 mandaban a los hijos a estudiar a las ciudades universitarias, y comían en los comedores universitarios, cuando Onganía quiso cerrar los comedores y se produjo el Correntinazo y el Cordobazo… ¿De dónde venían? De esos pueblos, del Litoral, vinculados a esta economía, efectivamente expandida por esas reformas pero en el marco de una estructura que se había conservado.
Después del golpe del ’55 viene la revancha. Una revancha que no es inmediata, porque hay grandes luchas. Y se implementan distintos planes de la “Revolución Libertadora”, y del frondicismo después, a favor de la concentración de la tierra y del capital en el campo. Planes que chocan con un sector que los resiste, y que supo confluir con la CGT en programas que llegaron a levantar la reforma agraria —los programas de La Falda y Huerta Grande (1962)— cuando, aún siendo burócratas sindicales como eran, no habían llegado a la abyección de hoy, que se han convertido en grandes empresarios y buscan enfrentar a la clase obrera, oprimida antidemocráticamente por los jerarcas sindicales, con las masas populares del campo.
Este proceso tiene un salto importante con la Dictadura de Onganía. Es una Dictadura proimperialista —proyanqui en su primer turno—, y proterrateniente. En Tucumán lleva a cabo la “racionalización azucarera”, en beneficio de un pequeño puñado de grandes ingenios y terratenientes, afectando a miles de pequeños cañeros, obreros, obreros rurales. Y aplica la Ley Raggio —por Lorenzo Raggio, el secretario de Agricultura de Onganía—, que pone fin a todas las regulaciones sobre el arrendamiento que se habían desarrollado desde la Ley de Perón y que hasta ese momento no habían podido eliminar. Desde entonces hasta hoy, esa regulación que restringía y limitaba, en beneficio del productor, las condiciones para percibir la renta del suelo que imponía el propietario, se liberaron (de hecho desapareció el “derecho agrario” que estudian los abogados en la facultad de Derecho, el derecho de los que no controlan la estructura... hoy se vuelve a plantear, gracias a la protesta agropecuaria, de la necesidad de una ley de arrendamiento; un proyecto de Federación Agraria duerme en el Congreso, sin que éste lo haya tratado).
Fue el fin del arrendamiento tradicional, ese del arrendatario —sea pobre, medio, o pequeño capitalista—. Muchos de ellos son expulsados. Otros, que habiendo comprado tierras arrendaban alguna más, o que habían comprado maquinarias, se convierten en los primeros contratistas: tienen maquinarias, él, el hijo, a lo mejor tienen obreros como pequeños capitalistas, y van por contrato haciendo la cosecha en campo ajeno, desde la provincia de Santa Fe al sur de la provincia de Buenos Aires. Incluso, ya en la época de la Dictadura a algunos sólo les quedaba el tractor, que lo utilizaban como auto dentro de los pueblos.
Fue también un proceso de grandes movimientos sociales y políticos, donde se desarrolló la lucha chacarera pero también la del campesinado pobre, expresado en parte en las famosas Ligas Agrarias de fines de los ’60 y principios de los ’70, hasta la Dictadura de Videla.
Otro elemento de la Dictadura de Onganía fueron las retenciones que estableció Krieger Vasena. Después de una gran devaluación, con la que el dólar se va para arriba y el peso se va para abajo, y habiendo beneficiado a los grandes terratenientes con la Ley Raggio, fija las retenciones para obtener una diferencia a favor del Estado. Efectivamente, ayer como hoy las retenciones generaron el pataleo de sectores terratenientes —no tanto al principio, por todo lo que les había dado, pero sí más tarde; y después operarán también otras contradicciones, como las contradicciones interimperialistas—, porque a la larga las retenciones disminuyen el precio y por lo tanto corroen en cierta medida la renta del suelo, que es lo que perciben los terratenientes. Pero a la vez afectaron principalmente a los pequeños y medianos productores. De ahí que toda la economía agraria se sumó a las grandes luchas de fines de los ’60 y principios de los ’70, con direcciones políticas diversas, con centro en la clase obrera industrial y con los estudiantes de las ciudades, etc.
¿Para qué usaba Krieger Vasena las retenciones? El Plan de Krieger Vasena era estimular la penetración de los grandes monopolios extranjeros para que se adueñen de la economía nacional. Las retenciones, entonces, se usaron para mantener sólidamente la posición en divisas del país, para que el capital extranjero viniera a invertir —en esa época se apropiaron de importantes sectores productivos del empresariado nacional—, y para generar obras de infraestructura del Estado con la “patria contratista”, a favor de la industria monopolista: por ejemplo, la represa de El Chocón en Neuquén. Un Estado, entonces, que utiliza eso en función de su proyecto de generar una economía complementaria del capital extranjero, en aquella época fundamentalmente industrial y yanqui, según la orientación de Onganía.
Con la Dictadura de Videla (1976) se profundiza el rumbo regresivo del proceso agropecuario, en términos de las condiciones de vida y de trabajo, y de acumulación, desde las amplias mayorías rurales hasta los campesinos ricos. Allí hay un elemento fundamental, que rige hasta el día de hoy: las relaciones laborales de los obreros rurales en el campo argentino fueron sustraídas de la Ley de Contratos de Trabajo, esa ley de avanzada del ’75 obtenida sobre la base de reformas y del peso de la clase obrera, cuando el ingreso de los asalariados llegó a representar el 49% del ingreso nacional. Las relaciones laborales en el agro fueron reguladas por una ley especial: la Ley de Trabajo Agrario, con condiciones muy regresivas, que facilitan la superexplotación de los obreros rurales, con jornadas de sol a sol (o “de luna a luna”, como se dice), variando las jornadas de acuerdo a “lo que se disponga”. En los años ’97-’98, en la clase obrera rural —que teniendo en cuenta la desindustrialización que padeció el país desde el ’76 en adelante, se convirtió numéricamente en una de las principales ramas de la clase obrera (algunos son semiproletarios; otros son desocupados una parte del año en los pueblos)— se jubilaron 7 y 8 personas respectivamente en todo el país, de esos rurales que levantaban los limones, las cosechas, etc.
Esa Ley de la Dictadura de Videla rige hasta hoy. Ni el gobierno ni el Parlamento han planteado su derogación. La superexplotación del obrero rural era una condición para que la economía funcionara, habiendo engordado la renta terrateniente y profundizándose el control monopolista, extranjero o de capitales intermediarios del capital extranjero, sobre la economía agropecuaria. Es desde ahí que vienen los nuevos grandes actores de la actualidad.
Por un lado empieza el complejo trigo-soja, en un proceso, sobre la base de semillas híbridas que primero fabricó el INTA para fomentar la producción nacional, y que ahora roba y monopoliza una multinacional como Monsanto. Por el otro se profundizó, con la complicidad del Estado y de la Dictadura, el control monopolista por parte de “grupos económicos”, extranjeros o intermediarios, y crece el peso de Bunge & Born (ya tradicional), se desarrolla Aceitera General Deheza, García Oliver, cada una con un puerto privado a orillas del Paraná, donde se embarca —ese es el embudo de ahora— todos esos alimentos para 300 millones de personas, que salen del país a costa del trabajo de los obreros rurales, de los campesinos pobres, de los campesinos medios, de la inversión de los pequeños capitalistas rurales, etc. En un proceso cuyo mercado, promisorio para un sector de los grandes terratenientes y un ala muy poderosa dentro de la Dictadura, era entonces el mercado ruso, la ex URSS (hoy se plantea la nueva “oportunidad histórica” del mercado chino…). Se profundiza la dominación monopolista de la producción agropecuaria en manos de esos grupos exportadores. Y se reconcentra la propiedad territorial.
Y así llegamos a Menem en los ’90, con la política nacional ya conocida, que generó un mayor grado de dependencia y extranjerización de la economía nacional y de concentración latifundista, incluyendo la extranjerización de importantes porciones de la tierra, desde la Patagonia hasta Corrientes. En esa década maduraron ciertos cambios tecnológicos, que se hicieron obligatorios para los “sujetos” que dominan la producción agropecuaria —los monopolios, grandes capitalistas agrarios, la clase terrateniente— para acceder al mercado mundial: las semillas híbridas, los fertilizantes, la siembra directa. Y en relación a la estructura social que ellos dominaban, el representante del gobierno de aquella época, el subsecretario Marcelo Regúnaga, proclamó en el ’92 que, en función de la modernización de la estructura agropecuaria, para incorporar estos adelantos tecnológicos, debían desaparecer 200.000 productores, porque “no tenían escala” (¡lo mismo que les dijo Capitanich a los q’om en relación al algodón!). Un programa estructural, estratégico, que ha trascendido los gobiernos, y que es considerado, o bien algo inevitable e indeseable que hay que paliar con algunos planes sociales, o al revés, el fruto de la modernización del mundo, porque el capital concentra, y eso concentra la tierra, etc. Esa concentración del capital y de la tierra es, aquí, en beneficio del capital imperialista extranjero y de la clase terrateniente, de la concentración de la renta y del monopolio de la propiedad, y por lo tanto refuerza todo el cepo estructural que a lo largo del siglo condicionó el desarrollo de la economía argentina determinando su dependencia, su unilateralidad, no sólo respecto a la industria sino en el propio campo, lo que llaman el “modelo sojero”: no chacra mixta, no integración de economías regionales, etc.
Por lo tanto, en relación a la incorporación de estas tecnologías, con Videla y Martínez de Hoz el que le creyó y compró mejores máquinas terminó endeudado, mientras que el que no compró y puso la plata en la financiera, por lo menos si era pequeño conservó. Con Menem también avanzó el latifundio, avanzaron sectores de terratenientes y de capitalistas agrarios —de esos monopolios (después hablaremos de los pools de siembra)—, y un sector de medianos y pequeños capitalistas agrarios que invirtió en nueva tecnología, con el resultado —evidente cuando estalló la crisis mundial asiática, la del ’97 al 2001, y la crisis nacional donde se puso al rojo el costo que paga la economía argentina: la crisis más profunda de la historia nacional, en términos de extranjerización y concentración latifundista—, se hizo evidente la ruina, la quiebra, la extinción de importantes capas de los actores de aquella “pampa gringa” (desde aquella época hasta el día de hoy han desaparecido 106.000 productores). Y por eso empezaron a ser uno de los torrentes de un proceso de lucha en espiral, formando parte de las protestas populares que culminaron en la gran rebelión de diciembre del 2001: las multisectoriales del sur de Santa Fe, el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (que cantando el himno y con sus cuerpos paraban los remates de tierras)… ¿Qué tierras eran esas? Eran tierras hipotecadas en los bancos para obtener crédito para modernizarse. Estaban las hipotecas en los bancos, en el Banco Nación, etc., y entonces vinieron las presiones imperialistas para privatizar los bancos, con lo cual se quedarían con esas hipotecas sobre 20 millones de hectáreas.
Se genera esa gran rebelión de diciembre de 2001. Por primera vez en la historia nacional se volteó a un presidente no por un golpe de Estado sino por un levantamiento popular en las calles. Y aunque eso no dio lugar a un nuevo tipo de poder, democrático y al servicio de los intereses nacionales que expresara todo eso, se fracturó el bloque dominante, los sectores que tenían la hegemonía en los ’90 fueron reemplazados por otro sector, que se afirmó con la devaluación —esa gigantesca transferencia de ingresos a favor de un sector de monopolios exportadores: los sojeros, los cerealeros, petroleros, industriales (aluminio, tubos sin costura), etc. que pasaron a ser el nuevo sector hegemónico en un bloque dominante muy descosido, sobre todo por el resquebrajamiento de la hegemonía que todos ellos tenían sobre los sectores sociales oprimidos, que cuestionaron en los hechos la estructura económica, y también la estructura del Estado, impugnando —incluso con la vigencia de la Constitución— un poder que de ningún modo implicaba democracia en el sentido elemental de poder de decisión de las mayorías sobre el curso de la Nación.
Con esa rebelión se obtuvieron conquistas: Los desocupados, los hambreados, pudieron arrancar 2 millones de precarios planes sociales de 150 pesos (desde que regía el uno a uno con el dólar) y que siguen siendo 150 pesos al día de hoy. Fue entonces que se establecieron las retenciones, para pagar planes sociales, educación y salud; así empezaron las retenciones actuales. La Nación obtuvo un respiro gracias a la suspensión —que los poderosos del mundo y de la Argentina lamentan— del pago de la deuda pública. También los pequeños y medianos productores obtuvieron un respiro, refinanciaciones de sus deudas, en una lucha que implicó rodear el Banco Nación, marchas, etc.
Y ahí viene un cambio en el plano mundial, que cronológicamente coincide con el paso de Duhalde a Kirchner: hay una inversión del ciclo económico internacional. De la crisis asiática, que era mundial, y que tocó las puertas de la economía norteamericana en 2001, y fue asiática, rusa, brasileña, latinoamericana, se pasó a un nuevo auge, a base de la “fuga hacia delante” del imperialismo norteamericano y su complejo militar-industrial (la guerra de Irak) —en un mundo multipolar en el que Estados Unidos buscaba mantener su condición de única superpotencia— y en base también a una nueva locomotora, distinta de la de los ’90 (donde el papel de los EEUU fue importante en los años ’93 a ’95) que es esa gran potencia capitalista que hoy es China, que tiene una parte de los bonos norteamericanos en sus bancos y que está exportando capital a América Latina, generando sectores de burguesía intermediaria también en la Argentina, como los Macri. Han obtenido puertos, la mina de hierro de Sierra Grande; y se han convertido —antes lo era Brasil— en el principal comprador de los productos argentinos.
En el 2003 se invierte entonces el ciclo económico internacional. Primero crece la demanda, y después los precios de los productos agropecuarios y el petróleo. Otra vez ¡“oportunidad histórica”!, dice el gobierno y dicen también algunos sectores opositores dentro del bloque dominante: un modelo exportador de energía y alimentos. La presidenta dijo en Tucumán que algunos países tenemos “soberanía alimentaria”. ¿Tenemos soberanía alimentaria? ¿Quién controla los alimentos del país? ¿Son los pequeños y medianos productores egoístas que no aceptan estas retenciones?
Tenemos, entonces, la inversión del ciclo económico: un nuevo auge —con una locomotora en Asia y en China en particular— que además de generar una macro-demanda y después buenos precios en el mercado mundial, consolida el poder y las esperanzas estratégicas de un sector poderoso de las clases dominantes, que sobre la base de la devaluación —primero con la transferencia de ingresos que significó, y después con las grandes ganancias que realiza— consolidó este modelo sojero, petrolero, minero. En un proceso donde no sólo se mantiene sino que se ha profundizado la extranjerización en esos sectores con el paso de muchas empresas argentinas a manos de capitales extranjeros, la compra de tierras, producto del gran poder de compra del dólar y de las divisas internacionales en relación a los precios argentinos. Cabe mencionar también como muestra emblemática del curso de la política gubernamental el gran negociado que se prepara del “tren bala” con el imperialismo francés, a costa del endeudamiento nacional.
Y también alienta ilusiones estratégicas —como siempre— en el sentido de generar una asociación estratégica con China que garantice una demanda segura, en base a la cual “desarrollarse”. Esto fue presentado verbalmente como una estrategia nacional, pero volvió a recrear lo que en 1830 dijo el delegado de Rosas, Roxas y Patrón, en su polémica con el proteccionista gobernador de Corrientes Pedro Ferré: “Para qué vamos a proteger a las artesanías, si la demanda de cueros será siempre creciente”. La demanda de cueros no fue siempre creciente; después vino la demanda de lana —de Francia, de Bélgica—; después vino la de carne y de trigo por Inglaterra; más tarde de Europa occidental; después de la Unión Soviética; y así sucesivamente. Es decir, en el marco de este auge se plantea para las clases dominantes lo que llaman “oportunidad histórica”: construir un país basado en la dominación monopolista extranjera y en el reforzamiento del monopolio de la propiedad territorial, que se “desarrolle” (se dicen “desarrollistas”) en base a ese modelo exportador.
Esto ya va mostrando sus límites. En primer lugar —ya se sabe, lo dijo la propia presidenta—, en la actual disparada de los precios hay un alto componente especulativo. Porque ya no estamos en el 2003, 2004, 2005; hay signos de una nueva crisis de alcance internacional que, como la anterior, se manifiesta primero en las finanzas (los bancos europeos y norteamericanos, las hipotecas, la construcción, etc.), pero que encadena a toda la economía capitalista mundial, incluida la de China, que por ahora también depende de la demanda norteamericana de lo que exporta. Y ya hubo también allí conmociones bursátiles. Por eso algunos capitales especulativos “fugan” hacia los alimentos, y entonces hay mercados a futuro donde se transan bonos y acciones, y papeles de las cosechas de 2011 y 2012. Un alto componente especulativo que puede “pincharse” como las hipotecas de la construcción, cuando la economía real no da las ganancias esperadas.
Y en segundo lugar, frente a lo que consideran un cambio estructural, el componente de precios de los alimentos y del petróleo nos vendrá redoblado a los países “periféricos” en lo que importamos, en relación a la alta tecnología y los bienes de capital monopolizados por las grandes potencias.
Algunos proclaman que ha terminado el famoso “deterioro de los términos del intercambio” que imperaba en las décadas del ’50, ’60 y ’70, cuando los precios de los “commodities” —alimentos y materias primas— iban para abajo, y los precios de la industria y de la alta tecnología iban para arriba. Pero eso es producto de un mercado mundial altamente concentrado por los monopolios y las grandes potencias; y por lo tanto aquel “deterioro” se va a volver a verificar, porque la división internacional imperialista del trabajo es más pronunciada que nunca. Por eso es una ilusión ultrarreaccionaria volver a especializar a nuestro país en esos productos primarios.
Estas vigas maestras actuales del poder económico en la Argentina, el modelo sojero-petrolero-minero, se consolidaron. No vamos a abundar en el inicuo régimen minero, uno de los más cipayos del mundo por lo que las empresas internacionales de capitales imperialistas arrancan en recursos de nuestro país, y en términos de las regalías que pagan al Estado. No vamos a abundar en el tema del petróleo, que pasó a ser un poder detrás del trono a partir del 2003, con las concesiones que se han hecho, profundizadas a 40 años, incluida la participación de grupos intermediarios locales en el directorio de YPF.
(Desde ya, hoy un sector sojero protesta: ¿por qué nosotros pagamos tantas retenciones, y otros menos? Ahí se abre paso una contradicción que veremos luego).
Y en ese marco, sobre la base del auge del 2001-2002, comenzó otro juego, como en aquella década del ’20. Los que zafaron de los remates, los que con su lucha rodearon el Banco Nación, los contratistas que pudieron sobrevivir, los que pudieron empezar a trabajar sobre la base del crecimiento de la demanda y de los precios, aún pagando el aumento gigantesco de la renta de la tierra, sobre todo en relación a los precios y la producción —muchos son contratistas y pequeños capitalistas agrarios, o propietarios que a su vez arriendan campos—; toda la economía de esa zona, vinculada a esa operatoria, aún pagando esa renta, aún con la parte del valor que arrastran esos monopolios exportadores (y ahora tenemos que incorporar a los proveedores, por ejemplo, los de semillas, los fertilizantes —los Profértil, etc.— y herbicidas, que hay que pagar a precios dolarizados) y los gigantescos pools de siembra (o grandes capitalistas agrarios, que pueden comprarlos porque no compran el gasoil en el surtidor sino que lo compran al por mayor, y cuando compran el Profértil lo compran con el 20% de descuento). Y cuando arriendan campos de pequeños productores —si éstos los ponen en producción se arruinarían, y entonces los arriendan para tener un ingreso más seguro y conservar la tierra—; en este caso, el poder lo tiene el pool que le alquila los campos a los pequeños propietarios, y que es quien impone las condiciones de lo que les paga de arriendo a esos propietarios.
Pero aún así, aún pagando esa usura, ese arrastre de valor de los monopolios exportadores y proveedores y la renta del suelo, pudieron los pequeños y medianos productores recuperar algo. ¡Que es precisamente lo que no quieren volver a perder! Por eso dicen: “no queremos volver a los ‘90”. Pero sólo porque se dieron esos buenos precios. Entonces, alguno pudo comprar la 4x4, alguna maquinaria, pero no pudo comprar tierra. Podía acumular maquinarias y 4x4 (necesarias para transitar los caminos como hace décadas lo era la vieja estanciera, no para la ostentación de burgueses de los ”countries” con los que maliciosa e hipócritamente se los quiere identificar), pero no pudo comprar un pedazo de tierra, porque cuanto más se “prosperó”, más se elevó el precio de la tierra.
Y se expandió la acción de los grandes pools, que ya venía de antes. Entonces tenemos: los exportadores, los proveedores, la renta terrateniente, y el capital financiero que invierte en esos fondos, que generan una forma de organización y administración de la producción: arriendan los campos y contratan a los contratistas, pequeños, medianos o grandes (incluso licitan, para ver qué contratistas se ofrecen más barato, en términos de quintales de soja; y como tienen mucho poder, contratan al “más barato” para la siembra, para la cosecha, etc.).
Esos fondos, capitales o pools ¿qué son? Los hay pequeños y grandes, porque hay también pooles de pueblo: el médico, un pequeño terrateniente, un comerciante enriquecido, que invierten. Esa inversión, en un fondo cuyas ganancias se reparten en alícuotas en base a lo que rinda la producción —pagándole a los contratistas y a los obreros rurales, embolsando el contratista la ganancia que le corresponde, pagando la renta de la tierra—, sobre la base del actual precio extraordinario va a rendir una renta financiera, la ganancia que se reparte según esa alícuota.
Y están los grandes pools. Algunos son extensiones del capital monopolista: de proveedores, de exportadores; otros son grandes capitalistas agrarios, que en estos años se han convertido en grandes terratenientes: Los Grobo, tenían 15.000 has —eran grandes capitalistas— y pasaron a 100.000, además de su operatoria en Uruguay, un verdadero poder detrás del trono del actual gobierno (Grobocopatel acompañó a Kirchner en su viaje a Venezuela, hizo emprendimientos agrícolas allí). Capital financiero, entonces, con origen en la renta de la tierra, en superganancias extraordinarias del capital monopolista que se invierten en esos fondos fiduciarios, capital bancario, capital narco, capital especulativo, el ANSES (como se ha venido a saber ahora: fondos jubilatorios puestos ahí para que rindan una renta)… Son fondos fiduciarios, no pagan impuesto a las Ganancias; sólo gracias a la lucha popular ahora se promete, para convalidar las retenciones actuales, que “va a haber” un impuesto a las ganancias extraordinarias de los pools. ¿Por qué no pagan Ganancias? Porque ellos lo consideran renta financiera: y no hay gravamen a la renta financiera en la Argentina…
Dijimos, entonces, que tienen tierra propia o arriendan, a grandes o a chiquitos —si es a chiquitos les imponen el precio—, contratan a los contratistas, y sacan de ahí la renta. 2.176 pools controlan el 70% de la soja; y 60.000 pequeños productores el resto. Sólo con esta situación extraordinaria de precios éstos pudieron volver a trabajar, y son los que generan la expansión del mercado interno de los pueblos, porque ni los grandes pools, ni los grandes terratenientes, ni los monopolios exportadores, ni los monopolios proveedores, compran la maquinaria agrícola, generan con el dinero circulante el trabajo de los pequeños comerciantes de los pueblos, etc.
Sobre esa base trabaja la clase obrera rural. Una parte de ella está “tecnificada”, y el salario que cobra se calcula en quintales de soja, según el precio del momento. Otra parte es trabajo manual, en negro, ocasional, etc.
Y así es que empieza a recuperarse “el campo”: un campo sin chacareros, un “desierto verde”, donde muchos de los más pequeños tienen que irse del pueblo y dar en arriendo para no perder la tierra, lo que es el prólogo a su desaparición. Arriendan su campo como mini-rentistas, mientras el pool, poderoso, es el que impone las condiciones en que monopoliza la tierra que toma en arriendo.
Una parte de esos sectores, reactivados, esperando poder estabilizarse, votó al actual gobierno. Sobre este trasfondo viene el proceso que se desencadena a fines del año pasado hasta la actualidad.
Hay que recordar, en relación al conflicto social en el campo, que se han desarrollado desde años anteriores grandes luchas de obreros rurales. Desde los obreros del limón de Tucumán hasta los de la fruta en Río Negro. Lo que viene es un tembladeral, porque lo que se mueve es “el último orejón del tarro”, lo que suda una parte de la parte del león que se van a llevar los poderosos que dominan el juego, en el marco de la situación de los sectores asalariados que describíamos desde los ’90, y sobre la base de la aún vigente Ley de Trabajo Agrario de la Dictadura. Y con una dirigencia sindical que impide y frena su lucha independiente (y aún a pesar de eso estalla).
En febrero hubo luchas de obreros rurales, con un programa de “blanqueo”, que confluyó con fruticultores del Alto Valle de Río Negro que reclamaban precio sostén —viejo reclamo chacarero— frente al gigante monopólico de las empacadoras y de Expofruit, que es quien controla la comercialización de toda la fruta del Alto Valle y que exporta a Rusia, a Alemania, etc. Los fruticultores dijeron “precio sostén”, fijado por el Estado: elemento inusitado ahora, que fue bandera de lucha de las masas campesinas a lo largo de décadas en la Argentina, y algunos gobiernos de un modo u otro lo establecieron, como el gobierno peronista. Desde ya, les hacían trampa; entonces los chacareros dijeron: “precio sostén en origen”, es decir en el origen de la cadena, no después en el medio.
Ahí observamos que las reivindicaciones de los pequeños y medianos chacareros —incluidos pequeños capitalistas agrarios, que lógicamente tienen una contradicción con los obreros rurales—, son compatibles con la necesidad de la lucha independiente de los obreros rurales, enfrentando lo que es la traba principal para su desarrollo: el predominio de los grandes monopolios y la propiedad de la tierra.
Sobre esa base vino, a fines del 2007, el aumento de las retenciones, del 27% al 35%, y después la famosa Resolución 125 del 10 de marzo, con las retenciones móviles de acuerdo al precio internacional, etc. Antes de la constitución de la Mesa de Enlace [entre la Federación Agraria Argentina, CRA, Coninagro y la Sociedad Rural] que llamó a un paro en oposición a esta medida, los sectores más combativos de la FAA, el mismo 11 de marzo rodearon el puerto de Cargill en Rosario, denunciando las maniobras que los grandes monopolios exportadores habían realizado con el cambio de los porcentajes de retención. Todos conocemos esas maniobras, por el estudio realizado por el ex diputado Mario Cafiero y Javier Llorens, y que expuso ahora Claudio Lozano en la Cámara de Diputados, explicando que como todas esas ventas son antedatadas —porque se contratan a futuro—, esos monopolios al establecerse el 35% ya habían contratado ventas, declaradas cuando regía el 27%, pagando así la retención del 27% cuando ya regía el 35%.
Esto sería evasión fiscal: pero a la vez a sus proveedores [de soja, girasol, etc.] les pagaron el precio menos el 35%. Pero a su vez el precio que les pagan a sus proveedores no es el precio FOB internacional menos las retenciones, sino que es un precio distinto, impuesto mediante su poder de monopolio. Por lo tanto, en esas maniobras no sólo había evasión al Estado —con la complicidad del Estado y las Aduanas, incluyendo la declaración de precios—, sino maniobras para embolsar parte del valor del productor. Así es cómo esos monopolios descargan sobre los productores el costo de los impuestos, en una relación orgánica con el Estado y con el poder, lo que trasciende a los gobiernos, pero que con este gobierno se consolidó. Además, cuando los precios internacionales aumentaron y ellos ya habían comprometido sus ventas al precio anterior, recuperaron lo que iban a perder aplicando a los pequeños productores el 44% de marzo. Es decir que no se trata sólo de evasión al Estado. Ahora la ONCCA debió reconocer que hay 650 millones de dólares por evasión; pero el estudio de Cafiero y Llorens habla de 1.300 millones de dólares... Y no es sólo evasión, sino que repercute en la parte del león que con esas maniobras le sacan a sus proveedores, es decir a los productores.
¿Dónde está, entonces, “la oligarquía”? De los grandes monopolios y grandes intermediarios, una parte está allí.
Y por eso, como dijimos, esta protesta comenzó con esos sectores más avanzados de la Federación Agraria, rodeando el puerto de Cargill y denunciando sus maniobras en relación al precio del trigo. Así empezó. Después se convocó al paro de comercialización, y ahí estalló un fenómeno inédito: una impresionante movilización, con estos protagonistas fundamentales. Todos los pueblos de esa zona núcleo, incluyendo pequeños comercios, capas medias, incluso obreros rurales e industriales (los de las fábricas de maquinaria agrícola), todas esas clases sociales, oprimidas en distinto grado y medida por la estructura monopolista y latifundista, porque para ellos ésto implicaba “volver a los ‘90”, en cuanto a su capacidad de seguir operando y no salir de la producción...
Hay que recordar los argumentos con que alguien del oficialismo les decía a un productor: “pero Ud. es rico, tiene un campo que vale ahora cientos de miles de dólares”. ¡Claro, pero ese chacarero no quiere vender, no quiere desaparecer, quiere ser productor! Deliberada o indirectamente, en función de los objetivos de estas retenciones, este proceso acentúa y da una nueva vuelta de tuerca a la concentración del capital y de la tierra, y completa el programa de Regúnaga: “deben desaparecer 200.000 productores porque no tienen escala”. Al revés de lo que plantean los sectores más avanzados, que ven en esta lucha un eslabón en la acumulación de fuerzas para una reforma agraria integral que busque una pampa con miles de chacras; incluyendo satisfacer las necesidades de tierra del campesinado pobre predominante en el noroeste, noreste, y amplias áreas del país. Pero la concepción dominante en el bloque dominante, en el gobierno y fuera de él, es que eso es “inviable”, salvo cuando es preciso hacer concesiones —o fingir hacerlas— cuando esa protesta estalla.
Y estalló, entonces, todo lo demás. Porque no se trata sólo del aumento de las retenciones, sino que a partir de eso empezaron a desarrollarse todas las otras problemáticas, que gracias a esas movilizaciones salieron a luz, lo que desbordó a las propias organizaciones que convocaron el paro agropecuario, y desde ya a quienes, afectados por las retenciones, sólo buscaron renegociar utilizando a los de abajo, porque les merma una parte de sus ganancias o de la renta de la tierra.
Juegan, entonces, dos contradicciones. Una, principal en relación al conflicto, entre esta política y las consecuencias que tiene sobre sectores populares. Y otra, en el interior del bloque dominante, en relación a esta política porque limita ciertas ganancias y corroe una parte de la renta del suelo. Esto último se expresa, muy condicionado por esta protesta popular desde abajo, en las dirigencias sobre todo de la Sociedad Rural y de CRA.
En esto es preciso hacer una distinción. La SRA es la sociedad tradicional de los más grandes propietarios de tierras. Hay que decir que una parte de los más grandes propietarios de tierras de la actualidad son un poder detrás del trono del gobierno, como Eurnekián, los Werthein, Elsztain, con muchos centenares de miles de hectáreas; sin contar los terratenientes de la Patagonia, entre ellos ese nuevo “terrateniente” que acaba de comprar 140 mil hectáreas, Lázaro Báez. Dentro de la SRA existía un sector de terratenientes ganaderos, con discrepancias y pujas sobre la política gubernamental, sojera; porque con el desarrollo sojero y la unilateralización brutal que provocó, la ganadería fue siendo corrida y raleada: muchos pequeños ganaderos también fueron afectados, (por eso lo de la ganadería en las islas del delta, etc.). Y otra parte fue obturada por una política de carnes en relación a ciertos frigoríficos, las exportaciones, el convenio con Rusia que algunos terratenientes querían pero que no fue avalado por el gobierno de Kirchner, y eso generó una contradicción con un sector ganadero, una contradicción intersectorial en el bloque dominante.
Del mismo modo que en los ’60 las retenciones generaron una contradicción en el seno de la propia dictadura de Onganía, surgiendo incluso un movimiento de sectores de terratenientes [“Campo Unido”], ilusionados y ya vinculados a la apertura del comercio a Rusia, y se buscó usar las luchas populares para reemplazar a Onganía finalmente por Lanusse. Pero a la vez esa fractura de la dictadura fue aprovechada en los hechos por las grandes conmociones populares, que estallaron y permitieron un desarrollo de movimientos populares de envergadura histórica en el terreno obrero, campesino, estudiantil, de las capas medias, con enseñanzas que rigen hasta hoy desde el punto de vista del desarrollo histórico hacia el futuro. Hoy también, a través de estas contradicciones intersectoriales, que son objetivas —porque la retención afecta la renta— se abren paso contradicciones interimperialistas: como dijimos, en el bloque dominante hay múltiples contradicciones a través de las cuales, en última instancia, se abre paso la operatoria de sectores asociados a una u otra constelación de intereses financieros, a uno u otro imperialismo. Por eso lo de China, la protesta de un sector tradicional vinculado a Rusia, el problema de los ganaderos…
Eso era un sector de la SRA, no el sojero. Pero ahora, con las retenciones, Miguens plantea su oposición. Lo mismo ocurre en CRA, que es más heterogénea. CRA representó históricamente a terratenientes ganaderos del interior del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires. Hasta 1950, en su seno anidó el sector de los criadores (los que criaban la vaquita hasta que crecía). Los grandes invernadores, vinculados orgánicamente a los frigoríficos y a la carne enfriada, les compraban la vaquita y tenían la licencia para venderle a los frigoríficos. Muchas veces CRA y CARBAP expresaron contradicciones con la Sociedad Rural, en una tensa relación entre criadores e invernadores. Es conocido cómo Lisandro De la Torre se basó en este descontento de los criadores durante la “década infame”, donde un sector clave del poder eran los frigoríficos y los invernadores, para plantear su denuncia de la evasión de los monopolios frigoríficos. Hay que decir que el antimonopolismo de este sector de los terratenientes es de corto alcance: el gobierno fraudulento de Justo y Ortiz hizo un convenio con la Alemania nazi para vender carne congelada (que es la que no pasaba por los invernadores, se podía vender directamente al frigorífico), los criadores se callaron más la boca, y Lisandro de la Torre —que había llegado a posiciones antiimperialistas sobre el tema— quedó sin una parte de su base, y se suicidó. También operaban entonces ahí contradicciones interimperialistas, incluyendo la historia de Lisandro De la Torre, el sector ligado al capital francés en el puerto de Rosario. A la vez CRA siempre tuvo un programa muy liberal, teniendo en cuenta que históricamente eran terratenientes más contrarios al intervencionismo estatal que la propia Sociedad Rural (claro, la SRA siempre usó el intervencionismo de estado a su favor).
Existen esas múltiples contradicciones que expresan a diversas capas de terratenientes; y hoy en CRA hay poderosos intereses capitalistas agrarios, incluyendo en algunas zonas —principalmente en la prov. de Buenos Aires— sujetos sociales parecidos a los que la FAA tiene en el Litoral. Es una mezcla.
Hay dos contradicciones, entonces. Pero lo fundamental es lo que se expresa en esta protesta popular, en la situación que afecta a los sectores populares del campo —particularmente en la zona pampeana— y que condiciona con sus modos de lucha, parecidos a los modos de lucha que el heroico movimiento piquetero desarrolló en la lucha contra Menem y De la Rúa, con los cortes de ruta y el estado asambleario a la vera de la ruta, y que se prolongó en múltiples otras formas de lucha de otros sectores populares, desde los usuarios de las empresas públicas en barrios de Buenos Aires hasta la asamblea de Gualeguaychú contra la empresa imperialista Botnia y la contaminación ambiental.
Esto aterrorizó a los “sectores dirigentes”, tanto a los oficialistas —los que se benefician con la política oficial— como a aquéllos que concibieron un paro agropecuario “medido”, propio de sectores del bloque dominante, en relación al grado de las retenciones. Una vez más, como sucede históricamente con las clases dominantes y sus representantes políticos e ideológicos, subestimaron a las masas populares. El movimiento condicionó, de allí en más, todo el conflicto social y político hasta el día de hoy. Mostrando, a su vez, que era ilusoria la pretensión de reconstituir la “autoridad estatal”, las “instituciones” y la hegemonía social, luego del aprendizaje popular, democrático, hecho en la lucha que culminó en el 2001, y en el marco de una estructura económica extranjerizada hasta el hueso. Esto es un elemento del fenómeno político que condiciona todo hasta hoy.
Hablamos, hasta aquí, de la heterogeneidad de la protesta agropecuaria, de cuales son sus componentes fundamentales, de otros sectores que buscan aprovecharla pero a su vez se ven condicionados por ella.
Faltaría ver el otro aspecto: la esencia de la política del gobierno. Para qué, por qué determinaciones inmediatas y con qué ideas estratégicas actúa el gobierno, con actos que no han hecho más que disparar protestas populares. ¿Por qué no segmentó las retenciones? ¿Por qué, y como concesión a partir de la lucha, pone el techo de las compensaciones en 750 toneladas y no en 1.500 o 3.000?¿por qué no retenciones segmentadas y sólo plantea “compensaciones” provisionales y con un método nada confiable, con razón, para que el chacarero la reciba? ¿por qué no co-participables?
Primero dijo que era “para garantizar el precio de los alimentos”. Habría que preguntarle por qué no hace como Perón con el IAPI: destinar primero al mercado interno con un precio unificado, y el resto a la exportación.
Después dijo que era “para desalentar la soja”. ¡Gran doble discurso, en relación a aquello que decíamos de los Grobo, de los pools, de los hechos..! ¿Cómo desplazar a la soja? “Porque —decían— si sube más el precio de la soja todos se van a dedicar a la soja; entonces, con retenciones más altas a la soja, móviles, puede resultarles conveniente plantar trigo en vez de soja”.Y desarrolló un discurso aparentemente anti-sojero, criticando al pequeño productor (a ese que en tierra incluso no fértil, en base a esta estructura de tierra concentrada, de monopolios que arrastran su valor, de usura y de proveedores monopólicos, si quiere producir tiene que poner soja). ¿Por qué no pone precio sostén a otras producciones para diversificarlas? Y esto para no hablar de la relación orgánica con los monopolios exportadores, respecto de las maniobras que describíamos antes…
Finalmente dijo que era “para destinarlo a educación, salud y caminos rurales”. Y entonces vinieron todas las preguntas. ¿Y la parte del presupuesto público destinado a salud y educación, y caminos rurales? Teniendo en cuenta, además, que por las facultades extraordinarias que el Congreso le delegó, y que permiten al Jefe de Gabinete destinar fondos de un rubro del presupuesto a otro cuando quiera, puede llegar a suceder —es una hipótesis— que si ingresara ese excedente “destinado a salud y educación”, entonces otros fondos destinados originariamente a salud y educación puedan ser desviados a otros destinos... Y además ¿y si baja el precio internacional? La salud, la educación y los caminos rurales dependerán del precio fijado por la Bolsa de Chicago.
Y hay que recordar el gigantesco superávit fiscal: su contradicción con la realidad de la desfinanciación brutal de la salud pública (están en lucha los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires), la asfixia presupuestaria de la educación primaria, secundaria y universitaria. Recordarán ustedes el incendio en la Universidad de Río Cuarto: con el magro presupuesto público, ayudantes ad honorem, profesores e investigadores con rentas escasas, con financiación de la Aceitera General Deheza investigaban los aceites en el marco de una infraestructura lamentable, y se produjo el incendio, pagado con la vida de investigadores, al servicio de ese monopolio (gran terrateniente, ferrocarril, puerto privado, senador oficialista que ahora tuvo que dar un paso atrás por lo que hay que votar, y sobre la base de que no se hizo público que él es uno de los evasores de esos 650 millones de dólares).
¿Cuáles son, entonces, los apremios del gobierno, si no son la salud y la educación; si podría apelarse a otros medios para garantizar el precio de los alimentos, o para desalentar la soja? Desde el punto de vista de la lógica de los intereses que a través de la política del gobierno se han expandido, y de la propia política del gobierno, es preciso volver a poner sobre la mesa un tema, muy agudo en el 2001, que después pareció que desaparecía de la primera página de los diarios, y que ha vuelto a pesar como una losa sobre la economía nacional, que es la gigantesca deuda pública que ha vuelto a crecer en estos años (la relación entre el aumento de las retenciones y este apremio, la ha confesado públicamente ahora el propio ex-presidente). Este año deben pagarse 14 mil millones de dólares de intereses. Y sobre la base de una lógica económica que plantea que para poder hacer crecer la producción y generar más oferta de bienes y que no crezcan tanto los precios, es preciso lograr que vengan inversiones extranjeras para que nos “desarrollen”, como nos han venido “desarrollando” durante todas estas décadas... Para eso es preciso generar “confianza”. Y para eso, así como le pagamos 10.000 millones de dólares de una vez al FMI —con lo que supuestamente ya no nos iban a condicionar—, ahora tenemos que arreglar con el Club de París, de modo de poder manejar la financiación pública, los intereses, y generar condiciones para que vengan a invertir. Otra vez la misma lógica económica tradicional…
El otro elemento son los enormes subsidios a los monopolios, predominantemente extranjeros o intermediarios locales, sobre cuya base opera el presupuesto público nacional. Recordemos que en el 2001 el bloque dominante se fracturó, y que con la devaluación se abrió paso este nuevo sector, que a la vez se dividió en dos: uno expresado por Duhalde y el otro por Kirchner. Y renegociaron con los sectores más beneficiados en la década del ’90: las empresas privatizadas, el sector bancario y financiero, etc., refinanciándolo, con redescuentos a los bancos… Y nuestros recursos, y también nuestros servicios públicos estratégicos, siguen todos en manos extranjeras, y sus ganancias, como es lógico en la operatoria de los monopolios extranjeros, son dolarizadas, y por lo tanto hay una presión para elevar las tarifas de los servicios públicos, o de la nafta. El Estado subsidia a estos grandes monopolios, que se están llevando dinero al exterior en carretilla, para que no aumente por ejemplo, el precio del gasoil. Y luego se reprocha a los pequeños productores, que protestan porque van a desaparecer, diciéndoles que el gobierno subsidia el precio del gasoil. ¿A quién se le subsidia?
Hay otros sectores del bloque dominante, como puede oírse en Radio Mitre u otras, que dicen: “Bueno, el Estado va a tener que sincerar”, es decir permitir la elevación de las tarifas, y al lado poner una “tarifa social”; que los “marginales” tengan la tarifa social —que habría que ver hasta cuánto abarca—, y “la clase media y alta” paguen las nuevas tarifas. Otra vez se invoca, mentirosamente, los intereses de los más hambreados, para oprimir al mercado interno, a otros sectores populares, en beneficio de los que controlan las grandes empresas privatizadas, etc. También se dijo que el desabastecimiento de gasoil se debía a los cortes de ruta: algo habrá habido, pero el gasoil escaseaba desde antes, y ahora que no hay cortes escasea otra vez. Claro, porque las petroleras están exportando lo más posible… Y no hay nuevas inversiones, porque para poder lograr que inviertan en prospección, etc. hay que darles subsidios y concesiones. Ésta es la lógica de la dependencia. Esa madeja de subsidios, entonces, tiene que ver con esta política.
El gobierno dijo que esta política es “para reconstruir una burguesía nacional”. Pero lo dijo Kirchner en un discurso frente a los representantes más insignes de la burguesía intermediaria, a los que llamó “burguesía nacional”: Techint, Aluar… incluso presentaron como “re-nacionalización” la compra de una parte de Telecom por Werthein, con el aval gubernamental, o de un porcentaje de acciones de YPF por su banquero Eskenazi.
Mientras tanto, en relación a los sectores que se volcaron a esta lucha, dijo que eran “los ricos que explotan a los obreros rurales”, mientras ha convalidado, con toda su política desde el Ministerio de Trabajo —incluyendo la conservación de la ley de Videla— las condiciones de superexplotación del obrero rural.
Está también como apremio la acumulación de grupos amigos o propios. Un grupo que está detrás del poder, y que acumula abriéndose paso, dándole a cada uno lo suyo y pugnando por hegemonizar el bloque dominante. Hegemonizarlo en su conjunto, para “restañar las heridas” que pusieron en cuestión al Estado en el 2001, y para mantener esa hegemonía. Esto tiene mucha importancia a la hora de ver ya no sólo la necesidad económica de las retenciones, que se descargan principalmente sobre estos sectores populares, sino la lógica política que hay en ello, aún jugando al borde del precipicio, al borde de un incendio que puede llevarse a todos puestos, y tratando de dividir al pueblo, de dividir a la ciudad del campo, a los obreros de los campesinos medios y ricos, a los ocupados de los desocupados, etc.
Cuenta, para ello con el hecho de que, a través de las grandes jerarquías sindicales, todavía puede enchalecar a una parte importante de la clase obrera, afectada por la explotación, el flagelo de la inflación, los topes impuestos a los salarios con la complicidad de la mayoría de los dirigentes sindicales. Se expresa en luchas avanzadas, combativas y duras pero necesitar recuperar sus organizaciones sindicales para poder desplegar sus fuerzas a la cabeza de la unidad de todos los sectores populares.
De ese modo el gobierno y los intereses que representa tratan de afirmar su hegemonía en el bloque dominante, mientras lógicamente otros sectores del bloque dominante tratan de usar esta protesta para su propio reposicionamiento, para volver a hegemonizarlo. Y por eso el gobierno, con su política, ha “resucitado a los muertos”: Duhalde, etc. Es una puja política, donde se plantean golpes institucionales, esmerilarlo de a poquito para ir a recambios electorales, etc. Todo sobre el trasfondo de algo que condiciona todo, que es el tipo de protesta popular, y quiénes fueron los componentes mayoritarios que la desarrollaron.
Desde luego, allí hay una lucha por el curso de esa protesta. Esas mayorías ¿irán a la cola de aquéllos que tratarán de usarlos en función de sus propios intereses para el recambio dentro del bloque dominante? ¿O se afirmará una política independiente? Para que eso ocurra, mucho depende del apoyo del resto del pueblo, que crezcan las corrientes patrióticas y democráticas que son las principales líderes de la protesta, dentro de la pequeña burguesía rural y los pequeños capitalistas rurales, y de la clase obrera y los sectores populares de los pueblos del interior, , más allá de las vicisitudes que tenga la aprobación o no de las retenciones en el momento actual.
El gobierno dijo que quiere “fortalecer una burguesía nacional”. Pero hemos visto que toda su política, incluyendo las necesidades fiscales —con estos subsidios, con el pago de la deuda, con la acumulación de grupos propios que negocian con distintos sectores imperialistas— es una política favorable a las clases dominantes y a un pequeño pero voraz grupo de burguesía intermediaria. Mientras que, por el contrario, afecta principalmente a sectores populares y a sectores de la propia burguesía nacional en el campo.
También dice que es un gobierno “nacional y popular”. Y de allí el intento de confusionismo y distracción, para poder utilizar la justa desconfianza y odio de importantes sectores populares por ejemplo hacia la Sociedad Rural, (o hacia maniobras de otros sectores de las clases dominantes para recambios dentro del gobierno), en función de impedir que se logre la unidad de todo el pueblo.
Esto es lo que exige el llamado “doble discurso”, exige la manipulación. No sólo implica manifestarse desde el punto de vista ideológico —la ideología es inherente a una sociedad dividida en clases: cada sector social proyecta su visión del mundo—, pero exige también el camuflaje, el disfraz. Como se dice ahora —la presidenta habla mucho de eso, en relación a las lecturas que tiene—, la “instalación de relatos”. El problema es que cuando los de abajo se expresan, se descosen los “relatos”. Porque ningún “relato” fluye divorciado de la práctica y de la realidad objetiva en la que surge.
En este sentido nosotros, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, estamos sometidos a una gran opresión, que es también ideológica y cultural. Desde ya, “cuando las comadres pelean se saben las verdades”. Y la verdad se filtra, o porque se pelean las comadres, o porque el pueblo hace saber sus propias verdades. Pero ciertamente hay un gran confusionismo, por ejemplo para contraponer a los obreros rurales con los contratistas, con los transportistas, los campesinos ricos. Para contraponer a los campesinos pobres con los de la “pampa gringa”, incluso utilizando las diferencias históricas entre la población de origen inmigratorio del Litoral con las criollas u originarias. Y hay sectores del campo popular que abonan esta confusión contraponiendo erróneamente la causa de los sectores obreros y los campesinos pobres —incluyendo a los originarios— con la de estos actores de los pueblos del Litoral y de otras regiones. Contraposición erronea porque lo que ha comprobado la práctica es que además de tener enemigos comunes — comunes a la mayoría de los sectores que protagonizan la protesta agropecuaria y a los que tienen los campesinos pobres de todo el país y los pueblos originarios—, hay un proceso práctico que ha demostrado que confluyendo con esa lucha, y no separándose de ella u oponiéndose, es como los campesinos pobres y los pueblos originarios, con sus propias organizaciones independientes, pueden obtener conquistas. Es el proceso que ha culminado ahora con el 2º Encuentro Nacional de Pueblos y Naciones Originarias, cuyo anfitrión fue la Unión Campesina del Chaco, que lejos de diferenciarse de la protesta de los “gringos”, aprovechó a fondo —después de una lucha larga, que incluyó marchas de centenares de kilómetros a Resistencia—, después de la respuesta “sojera” del gobierno de esa provincia de los Eurnekián, de los Comega, la respuesta del gobernador Capitanich, amenazaron con una nueva marcha después del bloqueo de rutas, y obtuvieron algunas promesas y algunas realidades, garantizadas desde ya a través de la lucha. Y emitieron un documento que plantea, en polémica con otras organizaciones que representan o se arrogan la representación de sectores del campesinado pobre, la necesidad de no dividir y de confluir con esta lucha, porque puede permitir —como lo verificó la práctica— mejores condiciones para arrancar conquistas.
Todo esto en función de un rumbo que vaya a la solución de fondo: la transformación profunda de la economía argentina, y que en el campo implica acabar con el dominio de los monopolios extranjeros, nacionalizar el comercio exterior, poner precios sostén a los productos de los pequeños y medianos productores, garantizar el acceso a la tierra a las mayorías agrarias, asegurando a la vez salarios dignos y condiciones laborales a la clase obrera rural —que tiene que convertirse, y esto genera condiciones para que se convierta, en gran protagonista de esas luchas—, con una reforma agraria integral que expropie a los que monopolizan esta porción de planeta sobre la que habitamos.
Porque sin eso no va a haber ni progreso social, ni independencia nacional. Por eso esta lucha nos interpela a todos, frente a esta confusión, frente a estos argumentos, frente a esta división que tratan de imponer. Y para garantizar una confluencia de todos los sectores populares por un camino de transformaciones revolucionarias, que implica acabar con aquella estructura, que habiendo nacido hace más de cien años, hoy nos ahoga.
Esto incluye el problema democrático; porque otra vez la protesta se generalizó cuando la gendarmería se llevó detenidos a los dirigentes chacareros de Gualeguaychú. Como con el estado de sitio de De la Rúa en la noche del 19 de diciembre. Es un tema muy importante, que desmiente totalmente el chantaje del gobierno: “O golpe de la Sociedad Rural o yo”, porque desnuda la esencia del discurso gubernamental: “Nunca más cortes de ruta”, como acaba de decir la legisladora Diana Conti; “Ahora se vota, y se acabó”. O como dijo Cristina en Plaza de Mayo: “No pueden protestar; perdieron las elecciones: organicen un partido político, y después de cuatro años preséntense a elecciones. Si no ganó, no proteste más”.
Nunca los pueblos han acatado esa “ley”, eminentemente antidemocrática, de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Y eso es precisamente lo que está condicionando todo desde el 2001: cuando los sectores populares luchan por sus necesidades, ponen eso en cuestión.
Pero hay algo que impide democratizar. Es el poder estatal y la estructura que éste defiende. Por cierto el gobierno no es garantía, como tampoco los sectores opositores dentro del bloque dominante, para una profunda democratización de la sociedad argentina. En primer lugar porque sin independencia nacional no puede haber una mínima democracia, en el sentido de poder de decisión de las mayorías sociales. Y en segundo lugar por toda una historia que incluye la impunidad para los genocidas de la Dictadura, a pesar de los logros del movimiento democrático; que incluye las represiones actuales, que denuncian los petroleros del sur, los empleados del INDEC, los jóvenes del Casino flotante: todos aquéllos que han buscado luchar por sus necesidades y han recibido represiones, represalias, etc. Y si el gobierno no pudo hacer más es porque el pueblo no lo ha permitido.
Por lo tanto, mirado desde el punto de vista de las perspectivas para la sociedad argentina, hoy el pedido de que se suspendan estas retenciones, y que las retenciones sean segmentadas y coparticipables (y a partir de ello, a los poderosos de la cadena, incluso, se le podrían aumentar las retenciones) en el marco de un programa que permita que las fuerzas patrióticas y democráticas hegemonicen la protesta agropecuaria, y la clase obrera rural tenga condiciones para organizarse, etc., son las perspectivas más favorables para la democracia y para la independencia nacional. Ni los chacareros, ni los pueblos del interior, ni las mayorías populares argentinas quieren un golpe institucional ni tampoco represión ni “auto-golpes”, ni recambios por arriba. Quiere arrancar las necesarias reivindicaciones al gobierno.
Hay que “abrirle la mano” al gobierno de Cristina. Cuesta mucho, por sus imperiosas necesidades económicas desde el punto de vista de su proyecto, y la lógica política que implica no retroceder, no sólo frente al pueblo sino para garantizar su hegemonía en el bloque dominante, aún en esta jugada al borde del precipicio.
Así como salió a la luz lo del precio de la leche, lo del trigo, las economías regionales, que los pools no pagan por sus ganancias extraordinarias, todo eso que desnudaron aquéllos que se instalaron a la vera de las rutas, y las fuerzas avanzadas, revolucionarias, verdaderamente progresistas, antiimperialistas, antiterratenientes, también emergió otra problemática: la del federalismo, que es una contradicción constitutiva de la Argentina, en el sentido del régimen antidemocrático que se conformó con la Constitución en el siglo XIX, y tiene mucha relación tanto con el latifundio, con el ahogo al que somete al interior y a las economías regionales, en un país desequilibrado, con un tercio de su población en el Gran Buenos Aires y la mitad en la fajita de tierra que va del sur de Santa Fe hasta La Plata, arrinconada contra el río. Y tiene relación con la dependencia, porque el declive del nunca realizado federalismo en las últimas décadas, desde la última Dictadura —que le pasó las escuelas a las provincias pero no hay presupuesto para financiarlas— hasta los “pactos fiscales” de Menem, donde se fue reduciendo el porcentaje de las provincias con la complicidad de los gobernadores lacayos de uno u otro signo, siempre en función de la caja del estado central, es una función de la dominación imperialista. Porque los ingresos del Estado central son para garantizar a los que dominan la economía nacional. Por lo tanto allí, ese supuesto “federalismo” del puerto “hiperdesarrollado” de cara al mundo, y el interior que es el resto del país (y “el interior del interior”, que es el noroeste y el noreste, y las provincias marginalizadas) es inherente a esos dos factores: la dependencia y el latifundio. Y a través de la política fiscal del Estado se expresan los intereses que defienden esta estructura dependiente y latifundista.
Por eso ésto ha sido una gran revelación de la profundidad que tiene ese problema, y un mérito de los que han pasado noches de frío, los que han puesto el cuerpo a la vera de las rutas, en los pueblos. Y que han forzado una crisis de hegemonía en los propios partidos, en el radicalismo y en el partido peronista, como se vio en el caso de muchos intendentes. Se descose eso.
Es preciso hacer conocer estas realidades. Por ejemplo la declaración de la Unión Campesina del Chaco. Por internet circulan miles de papeles, dirigidos a contraponer, a aislar, a dividir, sea por posiciones erróneas o por incomprensión en profundidad de lo que ocurre, poniendo lo secundario como principal. Por eso es fundamental subrayar qué es lo principal de la protesta agropecuaria, y qué es lo esencial de la política del gobierno.
* Claudio Spiguel es historiador, docente de la UBA
